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10, marzo 2023 - 12:37

┃ Arturo Méndez

Fiscalía en España acusa formalmente al Barcelona de comprar árbitros. | Foto: EFE

El Barcelona va de mal en peor. El club blaugrana ha sido denunciado formalmente por aparentes pagos millonarios al ex dirigente arbitral José María Enríquez Negreira, esto con el objetivo de “favorecer” al equipo catalán en la “toma de decisiones” que se presentaron en sus partidos.

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La Fiscalía ha señalado a el ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros José María Enríquez Negreira, los ex presidentes del Barcelona Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, el director General Òscar Grau y el ejecutivo Albert Soler, todos por un delito de corrupción en sus negocios, en modalidad de fraude deportivo, administración desleal y falsedad en documento mercantil.

En el escrito de la fiscalía se señala que se pagaron enormes cantidades de dinero a Enríquez Negreira para “favorecer al Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el club blaugrana”.

El periodo en el cual se investigó al Barcelona fue entre 2014 y 2018, primero bajo la presidencia de Rosell y Bartomeu después, periodo en que Negreira percibió 2.9 millones de euros a través de dos empresas que, la Fiscalía señaló, “se nutrían en su totalidad de los ingresos procedentes del Barcelona, los cuales eran retirados con cheques al portador”.

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La Fiscalía estima que en ese periodo de tiempo Enríquez Negreira cobró del Barcelona 7.3 millones de euros en una remuneración “no prevista en los estatutos del club ni aprobada por su asamblea”, lo cual no está sustentado legalmente por el club.

¿Cuáles serían las consecuencias legales?

De acuerdo con la ley, si resultan culpables, los acusados podrían enfrentar condenas de hasta cuatro años de prisión por el delito de corrupción, y hasta tres por administración desleal.

¿El Barcelona podría descender?

Al ser una persona jurídica, el Barcelona podría sufrir consecuencias legales que van desde una multa económica hasta la perdida de la categoría, esto tras ser intervenido jurídicamente. Aunque en el peor de los casos podría sufrir la disolución de la entidad.

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