25, abril 2025 - 18:07

Alejandro 'N' es dueño de Santos y Atlas
El presidente de Grupo Orlegi, Alejandro Irraragorri, podría terminar en prisión por haber desatendió una citación judicial sin causa justificada, reveló el doctor en derecho Julio Jiménez Martínez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, quien señaló que el problema que pudo haber tenido el empresario es que no habría recibido la asesoría adecuada para presentarse ante las autoridades correspondientes.
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Y es que el dueño de Santos y Atlas no estuvo en una audiencia presencial programada para el 24 de marzo, lo que motivó al juez de distrito, Luis Alfredo Mendoza García, a modificar la medida cautelar y ordenó la aprehensión de Alejandro N. ya que actualmente su situación legal cambió a la de prófugo de la justicia, circunstancia que agrava su situación legal en términos del artículo 141 párrafo cuarto del Código Nacional de Procedimientos Penales.
“La autoridad está actuando dentro del marco de la ley, la autoridad investigadora, la Fiscalía General de la República está dando cabal cumplimiento a un mandamiento judicial de un juez de distrito, derivado obviamente de evasión o presunta defraudación… esto es extraño porque se pensaría que empresarios de este nivel podrían contar con despachos de abogados, especialistas, profesionales, comprometidos, atentos a la protección realmente de sus clientes”.

“Aquí es una muestra nuevamente clara de que no todos los despachos de abogados tienen verdaderos litigantes responsables, éticos, comprometidos con su clientela. Aquí está la claridad de una mala defensa, de una pésima estrategia de atención y protección de los intereses jurídicos y patrimoniales de un empresario o contribuyente que está bajo investigación por el presunto delito de defraudación fiscal”, dijo.
¿Alejandro Irarragorri puede terminar en prisión?
Comentó que por terminar declarado como prófugo de la justicia, Alejandro N. ya no puede recurrir a un amparo y se podrían emitir fichas internacionales para su búsqueda, localización y aprehensión.
Agregó que es de suma importancia saber la fecha en que la integraron la carpeta de investigación ya que, desde el 13 de noviembre de 2024 se modificó el artículo 19 constitucional en donde la defraudación fiscal dejó de catalogarse como un delito grave. Si el juicio empezó antes, el problema podría ser mayor.
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“Este delito que ya no amerita presión preventiva oficiosa pero es un escenario preocupante, ya que no solo es para un empresario que hoy está siendo buscado y que ha sido ya judicializada su investigación, es un escenario que podría impactar en cualquier sector empresarial o en cualquier terreno del contribuyente”, finalizó.