La FIFA sancionó a Rusia tras la invasión a Ucrania con un argumento que parecía inapelable: quien transgrede el derecho internacional no puede convivir con el fútbol global. Se habló de neutralidad, paz y respeto al orden internacional. Ese discurso, sin embargo, hoy enfrenta su mayor contradicción rumbo al Mundial 2026, con Estados Unidos como anfitrión principal y actor central en una intervención directa y sostenida contra Venezuela.

La política estadounidense hacia Venezuela ha incluido sanciones económicas asfixiantes, control de recursos estratégicos, presión financiera extrema y acciones de fuerza sin autorización expresa del Consejo de Seguridad de la ONU. Para el gobierno de Nicolás Maduro, y para numerosos juristas y Estados, esto constituye una violación al principio de soberanía, no intervención y uso legítimo de la fuerza establecidos en la Carta de las Naciones Unidas. No es un conflicto armado tradicional, pero sí una transgresión al orden jurídico internacional que FIFA dice defender.

Aquí surge la pregunta incómoda que el organismo prefiere esquivar: si la violación al derecho internacional fue suficiente para excluir a Rusia, ¿por qué no amerita al menos una discusión formal cuando el actor es una potencia económica, socio comercial del fútbol y sede del mayor Mundial de la historia? La respuesta es evidente: FIFA no sanciona principios, sanciona cuando el conflicto rompe el torneo. Mientras no haya boicots, bombas visibles o amenazas a estadios, la neutralidad vuelve a ser una coartada conveniente.

El problema es que un Mundial no es solo fútbol. Es legitimación, poder blando y mensaje político. Permitir que la ley internacional se aplique de forma selectiva confirma que en el deporte global la justicia no es universal, sino proporcional al peso del infractor.

Y dicho lo anterior, una precisión necesaria: reconocer la incongruencia de Estados Unidos y de FIFA no implica defender a Nicolás Maduro. Su permanencia en el poder ha significado autoritarismo, persecución política, colapso institucional y una crisis humanitaria que expulsó a millones de venezolanos. La caída de su régimen era necesaria porque cerró sistemáticamente cualquier vía democrática real y convirtió al Estado en un aparato de control y deterioro social. El problema no es el fin de Maduro; el problema es que, incluso cuando el objetivo puede ser legítimo, el derecho internacional no debería ser opcional ni selectivo.