La atribución este miércoles del Mundial de fútbol 2034 a Arabia Saudita “pone en peligro” la vida de los migrantes que contruirán las infraestructuras y “revela la vacuidad de los compromisos de la FIFA en materia de derechos humanos”, alertaron ONG y representantes de asociaciones de aficionados en un comunicado común.

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Al confirmar por videoconferencia la candidatura saudita, el congreso de la FIFA “ha decidido ignorar nuestras advertencias”, escribieron entidades como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Confederación Sindical Internacional (ITUC) y las organizaciones Sport and Rights Alliance y Football Supporters Europe (FSE).

Desde que se anunciara la candidatura saudita el año pasado, única en liza tras un proceso de apenas un mes limitado únicamente a las confederaciones asiáticas y de Oceanía, la veintena de organizaciones firmantes del manifiesto alertan de los riesgos “para los residentes, los trabajadores migrantes y los aficionados visitantes”.

¿Por qué hay críticas contra el Mundial en Arabia Saudita?

“Hoy, las pruebas no faltan: trabajadores migrantes explotados y víctimas de racismo, militantes condenados a decenas de años de prisión por haberse manifestado pacíficamente, mujeres y personas LGBTQIA+ confrontadas a una discriminación legalizada, o también habitantes expulsados por fuerza para hacer sitio a proyectos de Estado”, enumeró el texto.

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Para los firmantes, “es evidente que sin una acción urgente y reformas globales, la Copa del Mundo de 2034 quedará oscurecida por la represión, la discriminación y la explotación a gran escala”.

La FIFA reconoce, no obstante, desde la introducción en 2017 de compromisos en materia de derechos humanos, que le incumbe “prevenir y atenuar las violaciones de derechos humanos y los abusos vinculados a sus actividades”, así como promete “remediar” la situación si fuera necesario, recuerdan las asociaciones firmantes.

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Ante la falta de competencia en el proceso de selección de la sede del torneo, estos compromisos se han revelado como “una impostura” y no hubo “una consulta a personas susceptibles de estar afectadas”, “ni medidas específicas o restrictivas” para garantizar el respecto de las normas internacionales en materia laboral o más ampliamente de derechos fundamentales, deploran las entidades.

Con información de AFP