Moscú.- La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) decidirá este lunes en Lausana el futuro del deporte ruso. En el peor de los casos, Rusia podría ser excluida durante cuatro años de toda competición internacional, lo que le dejaría fuera de los Juegos de verano de Tokio (2020) y los de invierno de Pekín (2022).

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Hace poco más de un año el deporte ruso parecía haber salido finalmente del túnel -el atletismo ruso fue apartado de los Juegos de Río por el dopaje de Estado- con la rehabilitación parcial de la Agencia Antidopaje Rusa (RUSADA), que estaba a expensas de la revisión de la base de datos del Laboratorio de Moscú.

Rusia suspendió la prueba. Primero entregó fuera de plazo dicha información y, recientemente, la AMA denunció la manipulación de dicha base de datos, que incluye tanto pruebas físicas como datos informáticos, con el supuesto fin de encubrir casos de dopaje.

El ministerio de Deportes de Rusia respondió raudo a las acusaciones, pero éstas no satisficieron ni a la AMA ni a la RUSADA, cuyo director, Yuri Ganus, tachó la manipulación de “colosal”.

Sea como sea, el Comité de Revisión de Cumplimiento (CRC) recomendó a la AMA una sanción ejemplar contra Rusia, que a todas vistas será aplicada a rajatabla.

SANCIÓN

Impediría a los deportistas rusos competir bajo su bandera durante cuatro años en Juegos Olímpicos y Mundiales; al país organizar competiciones internacionales en su territorio y a los funcionarios o representantes rusos formar parte de federaciones deportivas.

En caso de que una competición ya haya sido adjudicada a Rusia, ese derecho debe serle arrebatado, a no ser que sea imposible por ley. Y los dirigentes deportivos rusos tampoco podrán asistir personalmente a ninguna competición olímpica o paralímpica durante un plazo de cuatro años.

Según denunció en su informe a finales de noviembre el CRC, órgano independiente de la AMA, los datos entregados por la parte rusa no son ni completos ni auténticos.

Debido a las manipulaciones, ahora es imposible comprobar si 145 de los 298 deportistas rusos sospechosos incluidos en la base de datos violaron las reglas antidopaje entre 2012 y 2015.